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Daniela Torán
Este lunes a las 10.30 de la mañana, en una sala doble, repleta, el fiscal Eduardo Baeza comenzó a formalizar a las 55 personas acusadas de cometer un megafraude tributario de 240 mil millones de pesos, considerado el más grande de la historia de Chile, que se habría realizado a través de la venta y uso de boletas ideológicamente falsas y de exportaciones falsas.
“Alguien que tenía una empresa legal rebajaba su pago de IVA o a través de una exportación falsa la Tesorería General le devolvía dinero del Estado a las empresas”, ejemplificó más tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Se trata de 55 seudo empresarios, quienes fueron detenidos el jueves por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI en la denominada Operación Tributos, tras una investigación de dos años que lideró la Fiscalía Local de Pudahuel de la Fiscalía Occidente, y que se originó a partir de una denuncia de Aduanas y de una querella que el SII presentó hace un año en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.
El fiscal acusó a los detenidos de formar parte de siete bandas o clanes con características propias de asociaciones ilícitas, es decir, que se organizaban jerárquicamente “para defraudar a la hacienda fiscal mediante delitos tributarios, fraude aduanero y lavado de activos”.
Clan Canessa. Según el persecutor, esta organización operó de 2014 a 2020 y es liderada por José Antonio Pavez Canessa, quien junto a sus brazos operativos desarrolló 16 sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas a cambio de una comisión, las que luego eran registradas “en la contabilidad de las empresas receptoras e incorporadas en sus declaraciones de impuestos posibilitando la rebaja indebida de sus cargas tributarias o la obtención de devoluciones indebidas”. También se autoemitían estos documentos tributarios.
Entre los “brazos operativos” de Pavez Canessa está Galvarino Corral, quien es acusado de encargarse de ofrecer las facturas falsas a terceros contribuyentes a cambio de una comisión del 10% del IVA vendido por cada cliente. David Castro Mena sería el encargado obtener datos de terceros para crear nuevas sociedades que participarían de su red emisora de documentación tributaria falsa. Germán Rousseau del Río, abogado y notario suplente de una notaría en esa época, estaba a cargo, según la fiscalía, “de confeccionar las escrituras de constitución social con prevención y modificación de estatutos societarios de la sociedad creada por Pavez Canessa con los datos que le proporcionaba este último o bien las terceras personas que se apersonaban en la notaría para la firma previa coordinación con el líder de la organización criminal”.
