Este lunes fueron formalizados 28 de los 55 detenidos que habría defraudado al Estado en 240 mil millones de pesos.

Daniela Torán

Este lunes a las 10.30 de la mañana, en una sala doble, repleta, el fiscal Eduardo Baeza comenzó a formalizar a las 55 personas acusadas de cometer un megafraude tributario de 240 mil millones de pesos, considerado el más grande de la historia de Chile, que se habría realizado a través de la venta y uso de boletas ideológicamente falsas y de exportaciones falsas.

“Alguien que tenía una empresa legal rebajaba su pago de IVA o a través de una exportación falsa la Tesorería General le devolvía dinero del Estado a las empresas”, ejemplificó más tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Se trata de 55 seudo empresarios, quienes fueron detenidos el jueves por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI en la denominada Operación Tributos, tras una investigación de dos años que lideró la Fiscalía Local de Pudahuel de la Fiscalía Occidente, y que se originó a partir de una denuncia de Aduanas y de una querella que el SII presentó hace un año en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

El fiscal acusó a los detenidos de formar parte de siete bandas o clanes con características propias de asociaciones ilícitas, es decir, que se organizaban jerárquicamente “para defraudar a la hacienda fiscal mediante delitos tributarios, fraude aduanero y lavado de activos”.

Clan Canessa. Según el persecutor, esta organización operó de 2014 a 2020 y es liderada por José Antonio Pavez Canessa, quien junto a sus brazos operativos desarrolló 16 sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas a cambio de una comisión, las que luego eran registradas “en la contabilidad de las empresas receptoras e incorporadas en sus declaraciones de impuestos posibilitando la rebaja indebida de sus cargas tributarias o la obtención de devoluciones indebidas”. También se autoemitían estos documentos tributarios.

Entre los “brazos operativos” de Pavez Canessa está Galvarino Corral, quien es acusado de encargarse de ofrecer las facturas falsas a terceros contribuyentes a cambio de una comisión del 10% del IVA vendido por cada cliente. David Castro Mena sería el encargado obtener datos de terceros para crear nuevas sociedades que participarían de su red emisora de documentación tributaria falsa. Germán Rousseau del Río, abogado y notario suplente de una notaría en esa época, estaba a cargo, según la fiscalía, “de confeccionar las escrituras de constitución social con prevención y modificación de estatutos societarios de la sociedad creada por Pavez Canessa con los datos que le proporcionaba este último o bien las terceras personas que se apersonaban en la notaría para la firma previa coordinación con el líder de la organización criminal”.

Para esto último habrían existido “intermediarios” o “testaferros” entre Pavez Canessa y sus colaboradores, que reclutaban a terceras personas dispuestas a proporcionar sus datos personales y claves web de Servicio de Impuestos Internos, a cambio de dinero. Todo con el fin de constituir sociedades emisoras de facturas falsas. “De esta manera, José Pavez Canessa se hacía de nuevas empresas para la emisión de facturas falsas engrosando de esta forma su red societaria”, dijo el fiscal.

Por último, estaban los denominados “usuarios finales”. Se trata de 15 representantes legales de empresas “con las cuales causaron perjuicio fiscal por concepto de rebaja indebida de sus cargas tributarias y o la obtención de devoluciones indebidas mediante el registro de la contabilidad e incorporación en sus declaraciones de las facturas falsas emitidas por las diversas empresas de Pavez Canessa”. Según el fiscal estos sujetos lograron causar un perjuicio fiscal de más de $3 mil millones cada uno. Entre ellos Lucciano Vanella, de la Piccola Italia.

Clan Galaz. Operó, según la fiscalía, entre 2015 y 2017. Era liderado por Juan Víctor Galaz Rojas, quien falleció hace un mes y medio en un accidente. Junto a sus brazos operativos se le acusa de crear una red societaria compuesta por 14 empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas. Realizaban declaraciones falsas de exportaciones de teléfonos, con el fin de sobrevaluar las operaciones y obtener la devolución de los impuestos, específicamente del IVA exportador. El monto del perjuicio total al fisco por devolución de impuesto indebido de este clan es de 11.594.172.839 pesos y el valor aduanero total de las mercancías que declararon exportar en dicho periodo corresponde a 6.622.718.200 pesos.

Celulares. Fue por la exportación de estos celulares, según el director general de la PDI, Sergio Muñoz, que Aduanas detectó maniobras sospechosas y puso la alerta al Ministerio Público y al SII. El 3 de septiembre de 2015 se realizó una fiscalización de 14 mil celulares declarados en el sector Almacén de Transferencia Aerosan Exportaciones del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ahí se dieron cuenta de que el monto era mucho menor.

La lista de los 55 detenidos la completan otros cinco clanes (Clan Barraza, Clan Croxatto, Clan Nexus, Clan Barriga y Polanco), que también tuvieron vínculos con el Clan Pavez Canessa, y cuyos miembros no alcanzaron a ser formalizados este lunes.

“Terminamos por hoy día y la resolución va a ser anunciada al final”, dijo cerca de las 19.30 horas de este lunes la jueza María Francisca Zapata, luego de escuchar a los abogados defensores del Clan Canessa. Aún no decide si accede a la petición de prisión preventiva que hizo la fiscalía. “Estos imputados no es necesario que concurran mañana”, explicó. Eso significa que este martes se discutirán la situación del resto de los detenidos. Sólo después de eso, ella anunciará su decisión. “Podemos terminar con una resolución el miércoles temprano”, calcula, peor no descarta que puede ser este martes.

“Se han incautado alrededor de 30 millones de pesos en efectivo, 15 mil dólares, 22 vehículos, otros 343 autos con prohibición de enajenar, celulares, inmuebles con medidas cautelares, cuentas bancarias congeladas, cuentas de criptomonedas y una billetera fría de criptomonedas”, informó el director general de la PDI, Sergio Muñoz.